Yo, más que un signo, ¿cuál es mi significado?

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Lo sublime

viernes, noviembre 18, 2005

Corrupción de Ssa con importadoras de cigarros

Por Nancy Miriam Méndez Castañeda
La Secretaría de Salud (Ssa) maniobra diferente con las cigarreras y las importadoras de puros, cigarrillos y tabaco.
Tras el convenio que entró en vigor el 30 de julio de 2004 entre la Ssa y las cigarreras Philip Morris, British American Tobaco y Tabacalera Mexicana, a cambio de recibir de 50 centavos a un peso por cada cajetilla de cigarros para el Fideicomiso de Gastos Catastróficos -constituido para operar las aportaciones de las tabacaleras con destino al Seguro Popular-, la Ssa propuso un convenio distinto a los importadores de cigarros que son microempresarios.
La Asociación de Fabricantes e Importadores de Puros, Cigarrillos y Tabaco de México señaló que la Ssa le propuso un convenio distinto en el que se exige un pago seis veces mayor al de fabricantes nacionales por cajetilla.
Agregó que el convenio propuesto a los importadores contempla el pago de hasta 3 pesos por cajetilla de cigarros en comparación con los 50 centavos a un peso que aportan los fabricantes nacionales, por lo que se encuentra fuera de sus posibilidades económicas.
"Quieren que firmemos el convenio, pero no lo aceptamos de inicio, les pedimos un cambio", acotó la Asociación, "nos dieron un chance pero que no hagamos olas".
Agregó que la Asociación no firmó ese convenio y a cambio propuso otro a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) estipulando contribuir tan sólo con el doble y no seis veces más de lo pedido, esto es, otorgar un peso por cada 20 que cuesta en promedio una cajetilla de cigarros.
Añadió que además de esa aportación, ya pagan el 110 por ciento de impuestos sobre el costo del producto, fletes y 67 por ciento de impuesto de importación, entre otros.
"Nosotros estamos ofreciendo el 100 por ciento de aumento, si ya pagamos esos impuestos que son muy elevados, ¿por qué vamos a pagar esa cantidad (seis veces más) si no tenemos esa venta?", cuestionó la Asociación.
Indicó que la Ssa nunca les mencionó que la aportación por cajetilla vaya destinada al Seguro Popular, sino a un fideicomiso en una cuenta de banco.
"Nunca nos han dicho que sea para el Seguro Popular, sino a una cuenta de banco, a un fideicomiso de sistema en Bancomer", afirmó.
La Asociación también acusó de corrupción a Ernesto Enríquez Rubio, titular de la Cofepris, por las medidas de etiquetado de las cajetillas que deben tener impresas directamente las leyendas de advertencia, importación y contenido del producto, sin permitirles utilizar calcomanías autoadheribles.
Destacó que de la mercancía que venden se va aproximadamente un 30 por ciento de su valor en etiquetas y mano de obra al ponerlas en las cajetillas, afectando al consumidor.
"Hay un caso de corrupción, no a nivel federal, sino de este señor (Ernesto Enríquez) Rubio de Cofepris, ¿por qué tanta presión hacia nosotros por las etiquetas?", expresó, "nos dijeron que 'de aquí a diciembre del 2006 no los molestamos', ¿entonces? No les preocupa el tabaco en sí mismo, les preocupan las etiquetas".
La Asociación señaló que la Ssa no quiere que las cajetillas de cigarros importados se etiqueten por fuera, sino que estén impresos los textos en la cajetilla, con lo que protegen a dos fabricantes que hay en México: Phillip Morris y British American Tobacco (BAT).
"El fabricante (extranjero) no lo imprime en la caja porque hay que comprar una cantidad muy grande que no pueden pagar las importadoras.
"Nosotros no somos fabricantes, no tenemos el capital", dijo, "nosotros como importadores traemos cantidades mínimas, pero los fabricantes nacionales no quieren que entre nada".
La Asociación destacó que a la Ssa no se preocupa por los niveles de nicotina y alquitrán de los cigarrillos, sino el etiquetado.
"El responsable es el comisionado Rubio, no sabemos qué hace ese señor en el Gobierno poniendo en mal a la Secretaría de Salud, porque no le importa la salud pública, le importan las etiquetas", apuntó.
Cofepris fue buscado por REFORMA a lo largo de tres semanas, en las que fueron canceladas dos fechas para la realización de una entrevista, por contratiempos de los funcionarios.

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