Contribución y obligaciones del sector filantrópico del país

Por Nancy Miriam Méndez Castañeda
Es necesaria una revisión en cuanto a política fiscal para estimular más el trabajo de todas las instituciones tanto de asistencia privada como de asociaciones civiles o de alguna otra instancia abocada a dar atención a la población más vulnerable, afirmó María Elena Juárez de Beristain, presidenta de la Junta de Asistencia del Distrito Federal en la Reunión Nacional de Juntas de Asistencia Privada 2005.
Indicó que el Gobierno federal no ha abandonado estos sectores, pero siempre hay que estar haciendo revisiones en cuanto estímulos fiscales para el sector asistencial.
"No decimos que no apoyen (Gobierno federal), sí apoyan pero a lo mejor el hecho de que la autoridad venga y escuche estas propuestas, el hecho de que la autoridad esté con nosotros, pues eso nos estimula y nos alienta muchísimo", agregó.
En conferencia de prensa, señaló que esta ocasión se reunieron 15 juntas de Asistencia Privada de México con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, y el Subsecretario de Ingresos de la misma Secretaría, Rubén Aguirre, quienes compartieron su visión de generar un marco de actuación fiscal del sector asistencial adecuado a las circunstancias que el País enfrenta.
Juárez de Beristain destacó que uno de los compromisos del Secretario fue la revisión de todos los bienes incautados o asegurados, para mejorar el marco fiscal y dotarlo de mayor simplicidad, entre otros.
Añadió que con estas reuniones se mejorará el marco regulatorio para dotarlo en transparencia sin fines lucrativos y se promoverá la cultura filantrópica en la ciudadanía.
Señaló que una de las limitantes de la Asistencia Privada es el acceso a los recursos financieros por desconocimiento, tanto nacional como internacional, por lo que sus recursos vienen de fundaciones tanto nacionales como extranjeras,.
"No tenemos ningún presupuesto ni del Gobierno local ni del Gobierno federal, es un presupuesto autónomo", dijo.
Recordó que apoyan a sectores de educación, salud, tercera edad, niños y adolescentes, adicciones, discapacidad y rehabilitación, entre otros que no pueden ser atendidos por el Gobierno, sirviendo así a casi 6 millones de personas.

Posturas de ONG por píldora de emergencia

Por Nancy Miriam Méndez Castañeda
Organizaciones civiles manifestaron su postura con respecto al arranque del reparto de la píldora de emergencia en el estado de Coahuila iniciado ayer.
Mariana Winocur, coordinadora de Comunicación Social del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) expresó que es una muy buena noticia, pero debe ampliarse a los estados de la República como fue estipulado en el cuadro básico de medicamentos para facilitar su acceso a las mujeres.
"Siempre hemos dicho lo mismo, que todas las mujeres puedan tener acceso a la anticoncepción de emergencia y ahora que hay un producto dedicado, como dos pastillas con la dosis justa para impedir un embarazo no deseado, sería mucho mejor que las mujeres pudieran acceder a este producto, en lugar de tener que tomar las píldoras anticonceptivas en otras dosis, que es ahora el tema", dijo.
Winocur descartó que la píldora sea abortiva y que se pueda hacer un mal uso de ella, aunque falta reforzar la educación sexual y reproductiva en la adolescencia.
"La gente que piensa que es abortivo es porque esta tratando de mal informar a las mujeres, lo que hace la píldora de emergencia es impedir un embarazo, y si una mujer ya está embarazada no sólo no la hace abortar, sino que tampoco le afecta al producto en la concepción", señaló.
Aide García, coordinadora del Área de Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir reconoció a las autoridades de salud en Coahuila por cumplir la disposición de la Secretaría de Salud de ofrecer a las mujeres que lo necesiten la anticoncepción de emergencia.
"Creemos que es un avance muy importante en beneficio de las mujeres y se está cumpliendo con el artículo cuarto constitucional que tiene que ver con los derechos reproductivos", anotó.
Indicó que la asociación civil, de la que forma parte, trabaja por el reconocimiento de la autoridad moral de mujeres, jóvenes y adultos, para tomar decisiones en el aspecto sexual y reproductivo, con una información científica y laica.
"Creemos que si las mujeres jóvenes tienen las información adecuada sobre el uso de la anticoncepción de emergencia ellas van a ser responsables para utilizarla adecuadamente", acotó.
García aclaró que está científicamente comprobado que la píldora de emergencia no es abortiva, sólo preve embarazos no deseados y es un instrumento importante en casos de violación sexual.
Por su parte, Gilberto Rincón Gallardo, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) aseveró que es una medida de salud dentro de los marcos de la ley dentro de un Estado laico.
"Quienes le dan una connotación a través de una óptica de una determinada moral religiosa, pues se olvidan de que somos un estado laico que fundamentalmente respeta el derecho que en este caso corresponde sólo a la vida privada", manifestó.

Lamentable discriminación en Ixmiquilpan: Rincón Gallardo

Por Nancy Miriam Méndez Castañeda
Tras el destierro de una 30 familias evangélicas por la comunidad católica de la zona de San Nicolás en Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo, Gilberto Rincón Gallardo, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señaló que la discriminación con motivos religiosos está viva.
"Hay una intransigencia muy dura de las comunidades que tienen una religión mayoritaria y no admiten otras", dijo.
En el marco de inicio de la convocatoria al Programa Restaurantes Accesibles entre el Conapred, la Universidad Iberoamericana y Libre Acceso, y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Rincón Gallardo indicó que es una violación a la ley y los derechos fundamentales sobre todo en el tema religioso, pues son costumbres arraigadas de intolerancia.
"Lamentablemente se da en muchos casos, todavía sobre todo en comunidades de expulsión de personas que tienen una religión minoritaria, desde el nombre que le llaman sectas, ya es despectivo", manifestó.
Exhortó a que haya respeto para que cada quien ejerza el derecho a creer en una u otra religión, o a no creer en ninguna.
"Hay que hacer valer esos derechos de las personas que tienen una religión minoritaria y para eso se requiere la intervención del estado y de instituciones como la nuestra (Conapred)", expresó.
Rincón Gallardo destacó que en el Presupuesto se refleja la ausencia de políticas públicas para combatir la discriminación, no sólo en el ámbito religioso, sino también laboral, educativo y de salud.