Contribución y obligaciones del sector filantrópico del país

Por Nancy Miriam Méndez Castañeda
Es necesaria una revisión en cuanto a política fiscal para estimular más el trabajo de todas las instituciones tanto de asistencia privada como de asociaciones civiles o de alguna otra instancia abocada a dar atención a la población más vulnerable, afirmó María Elena Juárez de Beristain, presidenta de la Junta de Asistencia del Distrito Federal en la Reunión Nacional de Juntas de Asistencia Privada 2005.
Indicó que el Gobierno federal no ha abandonado estos sectores, pero siempre hay que estar haciendo revisiones en cuanto estímulos fiscales para el sector asistencial.
"No decimos que no apoyen (Gobierno federal), sí apoyan pero a lo mejor el hecho de que la autoridad venga y escuche estas propuestas, el hecho de que la autoridad esté con nosotros, pues eso nos estimula y nos alienta muchísimo", agregó.
En conferencia de prensa, señaló que esta ocasión se reunieron 15 juntas de Asistencia Privada de México con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, y el Subsecretario de Ingresos de la misma Secretaría, Rubén Aguirre, quienes compartieron su visión de generar un marco de actuación fiscal del sector asistencial adecuado a las circunstancias que el País enfrenta.
Juárez de Beristain destacó que uno de los compromisos del Secretario fue la revisión de todos los bienes incautados o asegurados, para mejorar el marco fiscal y dotarlo de mayor simplicidad, entre otros.
Añadió que con estas reuniones se mejorará el marco regulatorio para dotarlo en transparencia sin fines lucrativos y se promoverá la cultura filantrópica en la ciudadanía.
Señaló que una de las limitantes de la Asistencia Privada es el acceso a los recursos financieros por desconocimiento, tanto nacional como internacional, por lo que sus recursos vienen de fundaciones tanto nacionales como extranjeras,.
"No tenemos ningún presupuesto ni del Gobierno local ni del Gobierno federal, es un presupuesto autónomo", dijo.
Recordó que apoyan a sectores de educación, salud, tercera edad, niños y adolescentes, adicciones, discapacidad y rehabilitación, entre otros que no pueden ser atendidos por el Gobierno, sirviendo así a casi 6 millones de personas.